| Fotos: Juan Cristian Castro (Enfant Terrible)
Cuando promediaba mayo del año pasado, el exsecretario de Ambiente provincial, Raúl Costa, fue condenado por habilitar proyectos inmobiliarios en bosques nativos y zonas protegidas. En un hecho sin precedentes, la decisión la tomó un jurado popular. Es la medida judicial más importante en la historia socioambiental de Córdoba y también la evidencia de cómo funciona una histórica política que protege negocios corporativos ilegales y desprotege a los bienes naturales de los cordobeses.
Raúl Costa estuvo al frente de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba en el periodo 2007-2011, durante el primer mandato del exgobernador Juan Schiaretti. Irónicamente, quien representaba la máxima autoridad provincial para velar por los bienes naturales y los ecosistemas, se transformó en su verdugo.
Costa favoreció el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de GAMA S.A., una empresa desarrollista con abundantes antecedentes judiciales y que durante la década pasada tuvo como cara comercial nada más ni nada menos que a Susana Giménez. Esto antes de que el titular de la firma inmobiliaria quedara preso por estafas.
Al exfuncionario de la cartera de ambiente provincial se lo condenó por autorizar el proyecto de loteo “El Gran Dorado”, que preveía el desmonte y cambio de uso de suelo de un área natural protegida. Asimismo, autorizó a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba –EPEC– a construir una Estación Transformadora con equipamiento de alta tensión, también en una zona protegida y sin haber convocado a una Audiencia Pública en ningún caso.
Costa favoreció el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de GAMA S.A., una desarrollista repleta de antecedentes judiciales
La pena aplicada a Costa consistió en tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un condimento importante es que el exfuncionario debe enfrentar otro juicio por los mismos delitos, por lo que nuevamente deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Si en este segundo juicio fuese condenado, la pena acumulativa se transformaría en prisión efectiva.
“Este fallo reconoce que el camino que empezamos hace 11 años unos cuantos locos valía la pena y pone luz para que, con otros, sigamos caminando en la dirección correcta. Dañar el ambiente no puede ser gratuito”, señaló la abogada Marcela Fernández tras la condena. Fernández es abogada de ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio), una ONG de la pequeña localidad de San Antonio de Arredondo, ubicada a diez kilómetros de Villa Carlos Paz.
ONCE AÑOS DE ESPERA
La historia que terminó en la condena de Costa tuvo como origen la tenacidad de Juan Carlos Ferrero, geólogo y miembro fundador de ADARSA, quien en 2012 denunció al exfuncionario provincial.
Once años tuvieron que pasar para que don Ferrero, con sus 84 años de edad, pudiera presenciar este juicio que está destinado a ocupar un lugar preponderante en la historia socioambiental de la provincia mediterránea como ejemplo de firmeza y defensa de los territorios naturales. Se trata de un quijote que –junto a sus compañeras y compañeros de ADARSA– no dudó en desafiar al poder político-económico cordobés, territorio en donde la impunidad de los delincuentes ambientales ha reinado históricamente.
El exsecretario de Ambiente también autorizó a la Empresa de Energía Eléctrica a construir una Estación Transformadora en una zona protegida
El condenado es abogado y fue funcionario del riñón del schiarettismo. A pesar de haber estado imputado luego de dejar la Secretaría de Ambiente provincial, Costa siguió ocupando cargos públicos: fue vicepresidente de la Lotería de Córdoba y, hasta el año pasado, fue síndico de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.
El área ambiental cordobesa, a contramano de lo que se podría esperar –un organismo del Estado que vela por los bienes naturales y protege los ecosistemas–, históricamente fue la llave que le abrió las puertas a negocios corporativos que atentaron contra el ambiente y la calidad de vida de quienes habitan en Córdoba; por ejemplo, aprobando de maneras no muy claras estudios de impacto ambiental con intereses económicos y políticos por detrás. Una práctica que se hizo habitual en una provincia donde apenas queda el 2,8% de bosques nativos en buen estado de conservación.
CANDONGA EN EL HORIZONTE: CAUSAS GEMELAS
Costa deberá afrontar un segundo juicio penal acusado por el mismo delito, pero esta vez en la región de las Sierras Chicas cordobesas, más precisamente en la zona de Candonga.
Juan Smith, abogado de la organización Vecinos del Chavascate, lleva adelante esta demanda aún pendiente. Lo cuenta así: “En 2010, la Secretaría de Ambiente al mando de Costa también autorizó, en zonas rojas de máxima protección de bosques nativos, un emprendimiento inmobiliario a la empresa Ticupil S.A., en similares condiciones que a la empresa GAMA en el valle de Punilla”.
El área ambiental cordobesa, a contramano de lo que se podría esperar, históricamente ha sido la llave que abre puertas a negocios corporativos
Este segundo juicio aún no tiene fecha de inicio. “Esperamos que se aceleren los tiempos, ya que el exsecretario fue condenado por acciones similares, lo que invoca que lo hizo a sabiendas de lo que se hacía”, indica Smith. Y, tras remarcar que el daño ambiental ya está hecho, sostiene que “como las Abuelas, no nos vamos a quedar tranquilos; vamos a seguir buscando memoria, verdad y justicia ambiental porque Córdoba no puede seguir siendo zona de sacrificio socioambiental.”
OTRO ZORRO CUIDANDO EL GALLINERO
Se podría decir que ambas historias enlazan impunidad y delincuencia ambiental, porque a los que cometen delitos se los llama delincuentes, aunque ejerzan el poder. Y si a ese poder lo ejercen en un área ambiental que en vez de proteger destruye, bien pueden ser llamados delincuentes ambientales.
Imaginemos que la máxima autoridad del Ministerio de Economía de Córdoba fuese condenado por un delito: supongamos que autorizaba a empresas privadas a utilizar los fondos públicos de la provincia para su beneficio privado. Sería un escándalo y tapa de la semana.
Pues bien, eso es lo que sucedió en Córdoba, pero con la máxima autoridad de Ambiente y no con dinero, sino con una porción del patrimonio natural de todos nosotros. Una vez más, el poder político-económico provincial puso a un zorro para cuidar el gallinero.
El daño ya está hecho. Sí, es que así sucede con los deterioros ambientales y por eso hay que prevenirlos. Pero hace apenas un año, un tribunal popular en la Justicia de Córdoba se ocupó de poner las cosas en su lugar con una condena.
Ojalá esto abra el camino para que los impunes de hoy empiecen a sentirse con menos impunidad y dejen de decidir sobre los territorios como si fueran el patio de su casa. Porque no: resulta que es la nuestra.
